Acta Académica, 77, Noviembre 2025, ISSN 1017-7507
Somos ejemplo: Costa Rica, país sin ejército1 We Are an Example: Costa Rica, a Country Without an Army
Allan Merayo-Cedeño*
Resumen
Este artículo analiza el modelo costarricense de desmilitarización desde las relaciones internacionales y la seguridad humana. Examina el contexto histórico que condujo a la abolición del ejército; revisa los debates teóricos sobre el «dividendo de la paz» y la seguridad de los Estados sin fuerzas armadas; y compara la experiencia costarricense con la de otros países desmilitarizados, como Panamá e Islandia y propone un marco replicable para países que quieran sustituir el gasto militar por inversión social, identificando las condiciones internas y externas necesarias para mantener la seguridad sin ejército. Finalmente se discuten los límites del modelo costarricense y se sugieren líneas para investigaciones futuras.
Palabras clave: COSTA RICA - DESMILITARIZACIÓN -
DIVIDENDO DE LA PAZ - SEGURIDAD HUMANA - RELACIONES INTERNACIONALES.
Abstract
This article examines Costa Rica’s demilitarization model from the perspectives of international relations and human security. It explores the historical context leading to the abolition of the army; reviews theoretical debates on the peace dividend and the security of states without armed forces; and compares Costa Rica’s experience with that of other non-militarized countries such as Panama and Iceland. A replicable framework for other countries seeking to replace military spending with social investment is proposed, identifying internal and external conditions needed to maintain security without an army. The article concludes with a discussion of the limits of the Costa Rican model and suggests directions for further research.
Keywords: COSTA RICA - DEMILITARIZATION - PEACE DIVIDEND - HUMAN SECURITY - INTERNATIONAL RELATIONS.
Recibido: 30 de agosto de 2025
Aceptado: 14 de octubre de 2025
Introducción
La desaparición de las fuerzas armadas nacionales es una excepción en el sistema internacional contemporáneo. De los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, apenas una veintena carecen de ejército permanente (Cornell University & Kroc Institute, 2023). Costa Rica es el caso emblemático de un país que renunció a la milicia y construyó su seguridad sobre bases civiles y jurídicas. Esta decisión no surgió de un idealismo ingenuo, sino de la convicción de que el desarrollo humano y la seguridad pueden alcanzarse mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la educación y la salud, y la integración en el orden regional e internacional.
El presente trabajo responde a dos preguntas de investigación: ¿qué condiciones permitieron a Costa Rica abolir su ejército y consolidar un modelo de seguridad sostenible sin fuerzas armadas? y ¿en qué medida dicho modelo puede ser replicado por otros Estados? Para responderlas se combina una revisión histórica, un análisis teórico y un estudio comparado con otros países desmilitarizados. Se presta especial atención al «dividendo de la paz», entendido como la reorientación del gasto militar hacia la inversión social y su impacto en el crecimiento económico y la cohesión social (Institute for Future Studies, 2025). Asimismo, se analiza el papel de las alianzas estratégicas y los regímenes internacionales en la seguridad de los Estados sin ejército (Cornell University & Kroc Institute, 2023).
A lo largo de la introducción, se plantea que el caso costarricense desafía la idea realista de que la existencia de un ejército es condición necesaria para la supervivencia estatal. No obstante, también se reconoce que la experiencia costarricense no es universal; requiere un conjunto particular de factores internos y externos. Además, se toma en cuenta que las Normas de publicación del Concurso Académico 2025 de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA, 2025) exigen que los trabajos presentados sean rigurosos, originales y orientados a la reflexión teórica. Este mandato influyó en el diseño metodológico y en la selección de fuentes de la presente investigación. Al final del artículo se propone una hoja de ruta para países que quieran explorar la desmilitarización como vía hacia el desarrollo sostenible y la paz.
Desarrollo
El desarrollo del trabajo se organiza en seis apartados. Primero se presenta un marco teórico sobre la seguridad humana y el dividendo de la paz; segundo, se examina la génesis histórica de la abolición del ejército costarricense; tercero, se analiza la arquitectura institucional y los arreglos de seguridad que han permitido a Costa Rica prescindir de una fuerza militar; cuarto, se ofrece un análisis comparado con otras naciones desmilitarizadas; quinto, se propone una hoja de ruta para exportar el modelo costarricense; y sexto, se exploran debates críticos, implicaciones regionales y ambientales, así como una simulación de replicabilidad en un país ficticio.
Marco teórico: seguridad humana y dividendos de la paz
La seguridad sin ejército ha sido analizada desde varias escuelas teóricas. La corriente realista sostiene que los Estados deben mantener capacidad militar para asegurar su supervivencia en un sistema anárquico; desde esta óptica, la renuncia al ejército parece irresponsable. Sin embargo, la práctica demuestra que existen países que han optado por la desmilitarización y han sobrevivido e incluso prosperado (Cornell University & Kroc Institute, 2023). Estos Estados comparten rasgos comunes: tomaron la decisión tras momentos de transición histórica, establecieron acuerdos de seguridad con potencias regionales o aliados, no han sido atacados desde entonces, cuentan con agencias de seguridad civiles y destinan más recursos a salud y educación que sus vecinos militarizados (Cornell University & Kroc Institute, 2023).
La escuela liberal y las teorías de la paz democrática enfatizan la importancia de las instituciones, el comercio y los regímenes internacionales. Los Estados sin ejército no son necesariamente vulnerables gracias a sus vínculos diplomáticos, tratados de defensa colectiva y el imperio del derecho internacional. Asimismo, el concepto de seguridad humana desplaza el foco de la seguridad territorial hacia la protección de las personas. Este enfoque fue popularizado por el Informe sobre el Desarrollo Humano 1994 de la Organización de las Naciones Unidas, el cual definió la seguridad humana como la garantía de libertad frente al miedo y frente a la miseria (Organización de las Naciones Unidas, 1994). De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), implementar la seguridad humana requiere invertir en educación, salud, empleo y Estado de derecho.
El dividendo de la paz se refiere al beneficio económico y social que un país obtiene al reducir o eliminar el gasto militar. Las investigaciones sobre Costa Rica muestran que la abolición del ejército permitió destinar recursos a infraestructura, educación y salud; ello se tradujo en un aumento sostenido del crecimiento económico (Institute for Future Studies, 2025). Un estudio mediante el método de control sintético calculó que la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita costarricense pasó de un promedio de 1,46 % anual antes de 1948 a 2,28 % después de la abolición, mientras que el tiempo de duplicación del ingreso per cápita disminuyó de 49 a 30 años (Institute for Future Studies, 2025). La literatura sugiere que el dividendo de la paz no solo depende de la reorientación del presupuesto, sino de reformas institucionales que garanticen independencia del poder judicial, transparencia y participación ciudadana.
Génesis histórica de la abolición del ejército costarricense
La desmilitarización de Costa Rica fue producto de coyunturas políticas y sociales específicas. Tras la guerra civil de 1948, el líder rebelde José Figueres Ferrer asumió el poder y, en un acto simbólico, eliminó la fuerza armada nacional. Esta decisión se incorporó en la Constitución de 1949, la cual declara que la República no tendrá ejército. Según el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), la eliminación del ejército permitió redirigir recursos hacia la policía, la educación, la protección del medio ambiente y la cultura (COHA, 2016). La medida fue respaldada por una mayoría social que veía en los cuarteles militares un foco de inestabilidad política y represión.
Tal como analiza el historiador Lobo (2022), la abolición del ejército no fue un acto improvisado, sino la culminación de debates ideológicos y movimientos sociales que venían gestándose desde principios del siglo XX. Su estudio recupera las tensiones entre civiles y militares, y destaca cómo la reforma constitucional de 1949 articuló las demandas de democratización, justicia social y neutralidad internacional. Incluir esta perspectiva historiográfica permite comprender mejor las motivaciones profundas que llevaron a la sociedad costarricense a renunciar a la institución castrense.
El proceso que constituyente del período 1948-1949 también implementó reformas estructurales: el voto femenino, el Tribunal Supremo de Elecciones autónomo, la creación de la Junta de Protección Social y la nacionalización de los bancos. Estas reformas consolidaron el Estado social de derecho y establecieron frenos y contrapesos que minimizaron el riesgo de una reconcentración de poder. Además, Costa Rica buscó anclar su seguridad en el derecho internacional, adhiriéndose al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y manteniendo una política exterior activa en favor de la paz.
Arquitectura institucional y seguridad en Costa Rica
La ausencia de ejército en Costa Rica no significa ausencia de seguridad. El país ha desarrollado una arquitectura de seguridad basada en instituciones civiles. Los cuerpos de policía como La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Fuerza Pública y Organismo de Investigación Judicial (OIJ) operan bajo un mando civil y están orientados a labores de orden público, investigación penal y protección fronteriza. El Ministerio de Seguridad Pública coordina estas fuerzas y supervisa su formación en derechos humanos.
En el ámbito democrático, Costa Rica cuenta con un Tribunal Supremo de Elecciones independiente, un Poder Judicial autónomo y un sistema de control de constitucionalidad que asegura la vigencia del Estado de derecho. La ciudadanía participa activamente en procesos electorales y en organizaciones de la sociedad civil. Estas instituciones han permitido que, a pesar de la ausencia de ejército, el país mantenga altos niveles de estabilidad política.
Participación en regímenes internacionales
Costa Rica combina su arquitectura interna con una política exterior multilateralista. Es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de organismos especializados como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH). A nivel global se ha adherido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ha promovido iniciativas como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas y el Tratado sobre Comercio de Armas. Estas vinculaciones refuerzan la legitimidad del país y disuaden amenazas externas.
Diplomacia y derecho internacional
La condición de país sin ejército le ha permitido a Costa Rica proyectar su voz en foros internacionales con una credibilidad moral distintiva. Al no verse comprometida por intereses militaristas, su diplomacia puede abogar con coherencia por el desarme, la solución pacífica de controversias y la protección de los derechos humanos. Desde mediados del siglo XX, Costa Rica ha participado activamente en la redacción y ratificación de tratados internacionales clave, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) y el Tratado sobre el Comercio de Armas (2013). También ha presentado demandas ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana para defender sus intereses y los de la región, fortaleciendo el estado de derecho internacional.
La diplomacia costarricense ha jugado un papel importante en la mediación de conflictos regionales. Durante las décadas de 1980 y 1990, actuó como puente en las negociaciones que pusieron fin a las guerras civiles en Centroamérica y fomentó la creación de la Comisión de la Verdad para El Salvador y la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala. Su liderazgo en la Declaración de Esquipulas y los Acuerdos de Paz de 1987 demostró que un Estado sin ejército puede generar propuestas de seguridad colectiva y de reconciliación que trascienden sus fronteras. Este activismo diplomático se enmarca en una visión humanista de las relaciones internacionales, donde la paz es el eje articulador de la política exterior.
En el ámbito del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, la posición costarricense ha sido de vanguardia. El país alberga la Universidad para la Paz (UPEACE), creada por la ONU en 1980 para formar líderes en la resolución de conflictos y en la construcción de la paz. También ha sido sede de conferencias sobre el desarme nuclear, la prohibición de minas antipersonales y la regulación de las armas ligeras. A través de estas iniciativas, Costa Rica contribuye a la generación de normas internacionales que limiten el uso de la fuerza y promuevan una cultura jurídica orientada a la prevención de la violencia.
La participación activa en organismos multilaterales se complementa con alianzas en coaliciones de estados afines. Costa Rica forma parte del Movimiento de Países No Alineados, del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) en las Naciones Unidas y de grupos de pequeños estados que abogan por la reforma del Consejo de Seguridad. Su estatus pacifista le permite impulsar agendas en torno al desarme, el cambio climático y la equidad de género con una autoridad moral que otros estados militarizados no poseen. En suma, la diplomacia y el derecho internacional son componentes inseparables de la estrategia de seguridad costarricense y constituyen un ejemplo de cómo la desmilitarización puede traducirse en influencia global.
Análisis comparado y resultados socioeconómicos
El contraste con otros países sin ejército permite evaluar las fortalezas y debilidades del modelo costarricense. Panamá abolió su ejército en 1990 tras la invasión estadounidense y ha mantenido una fuerza policial nacional. Según el Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) 2024, el país destina aproximadamente 12 % de su gasto público a educación, 20 % a salud y 0 % a defensa (Bertelsmann Stiftung, 2024). No obstante, su índice de desarrollo humano es inferior al costarricense y su democracia exhibe problemas de clientelismo. Islandia, por su parte, nunca tuvo ejército permanente y cuenta con el nivel de gasto en defensa más bajo de Europa (0,1 % del PIB), delegando su defensa a acuerdos con Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (Eurostat, 2024). Su ingreso per cápita y su índice de desarrollo humano son de los más altos del mundo.
Para visualizar estas diferencias se construye un cuadro comparativo (Figura 1) que presenta, por país, el porcentaje del PIB destinado a educación, salud y defensa, la presencia de acuerdos de seguridad y el tipo de régimen político. La información se basa en datos del Banco Mundial (2024a, 2024b) y de los informes BTI y Eurostat. Según estos indicadores, Costa Rica destina aproximadamente 6,25 % del PIB a educación y 7,61 % a salud, con 0 % a defensa (World Bank, 2024a, 2024b); Panamá invierte 12 % del gasto público en educación, 20 % en salud y nada en defensa (Bertelsmann Stiftung, 2024); e Islandia gasta 0,1 % del PIB en defensa (Eurostat, 2024) y sus datos de educación y salud no son comparables. Los tres países mantienen sistemas democráticos, pero Costa Rica e Islandia alcanzan niveles más altos de desarrollo humano.
Figura 1
Comparación del gasto en educación, salud y defensa
Nota. Banco Mundial. Índice Global de Economía, Eurostat, 2021.
Adicionalmente, se elabora un segundo cuadro (Figura 2) que resume las condiciones internas y externas necesarias para sostener la desmilitarización. Entre las condiciones internas se incluyen: democracia consolidada, instituciones fuertes, ausencia de conflicto interno, consenso social para invertir en desarrollo humano y élites comprometidas con la renuncia al poder militar. Entre las condiciones externas figuran: ausencia de amenazas militares inminentes, posibilidad de establecer acuerdos de defensa o garantías con aliados, pertenencia a regímenes de seguridad colectiva y apoyo de potencias protectoras. Este cuadro permite identificar las variables que determinan si un país puede prescindir de un ejército y qué combinaciones son más factibles.
Figura 2
Condiciones internas y externas para la
desmilitarización
Nota. Universidad de Notre Dame, “States Without Armies”, 2023
Hoja de ruta para exportar el modelo costarricense
Con base en la experiencia costarricense y el análisis comparado, se propone una hoja de ruta para los países que consideren abolir sus fuerzas armadas. El proceso comprende cinco etapas: (1) diagnóstico inicial, en el que se evalúan las amenazas reales y se identifica la relación costo-beneficio del gasto militar; (2) diálogo nacional, que busca generar un consenso político y social, incluyendo a las fuerzas armadas, la sociedad civil y la academia; (3) reformas legales e institucionales, que implican la modificación constitucional y la creación de organismos de seguridad civil; (4) negociaciones y acuerdos de seguridad, para obtener garantías de aliados o integrarse en sistemas regionales de defensa; y (5) redistribución presupuestaria, orientando el dividendo de la paz hacia la educación, la salud, la innovación y la protección ambiental. Esta hoja de ruta subraya que la desmilitarización es un proceso gradual y contextualizado.
Debates críticos y desafíos emergentes
A pesar de sus beneficios, el modelo costarricense enfrenta críticas. Algunos analistas argumentan que la ausencia de ejército puede dificultar la respuesta a amenazas no convencionales, como el narcotráfico transnacional y la ciberseguridad. Si bien la policía costarricense ha mejorado sus capacidades, la criminalidad organizada plantea retos que requieren cooperación regional e internacional. Otros señalan que la dependencia de acuerdos de seguridad con potencias externas implica ceder soberanía. En el caso costarricense, la protección implícita de Estados Unidos a través del TIAR nunca se ha formalizado como un pacto bilateral, lo que genera incertidumbre sobre la respuesta en caso de agresión.
Además, la exportación del modelo a otras latitudes enfrenta desafíos culturales y geopolíticos. Países con conflictos latentes, rivalidades territoriales o élites militares poderosas pueden ver inviable la abolición del ejército. Por ello, las condiciones internas y externas identificadas en la Figura 2 deben ser evaluadas con cuidado antes de recomendar una ruta de desmilitarización.
Implicaciones para la diplomacia y la integración regional
La desmilitarización tiene consecuencias para la política exterior y la integración regional. Costa Rica ha aprovechado su imagen de país pacífico para mediar en conflictos centroamericanos y promover iniciativas de desarme y derechos humanos. Sin embargo, también ha tenido que sortear tensiones, como el conflicto fronterizo con Nicaragua, utilizando el derecho internacional y la diplomacia en lugar de la fuerza. La integración en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) permiten a Costa Rica compartir su experiencia y participar en programas de seguridad sin comprometer su compromiso con la paz.
Perspectivas ambientales y sostenibilidad
Otro componente novedoso es el vínculo entre desmilitarización y sostenibilidad ambiental. Al carecer de fuerzas armadas, Costa Rica ha podido destinar fondos a la conservación de la naturaleza. Programas de pago por servicios ambientales, áreas protegidas y políticas de carbono neutral han posicionado al país como líder en temas ambientales. Asimismo, la ausencia de un aparato militar reduce la huella de carbono asociada a las fuerzas armadas. Este enfoque amplía la noción de seguridad humana para incluir la seguridad ecológica y contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Identidad nacional y cultura de paz
La desmilitarización también ha calado en la identidad nacional costarricense y en la construcción de una cultura de paz. La expresión “pura vida”, tan difundida entre la población y el sector turístico, sintetiza un ethos basado en la tranquilidad, el bienestar y la convivencia. Diversos autores han señalado que la ausencia de fuerzas armadas no solo es una medida institucional, sino un elemento simbólico que moldea la imaginación colectiva y proyecta una imagen internacional distinta. El modelo costarricense refuerza la idea de que la cohesión social y la seguridad se construyen a través de la educación, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos en lugar de la militarización. La identidad pacifista se refleja en las políticas públicas, en las campañas educativas y en la narrativa mediática que promueve valores de diálogo, solidaridad y respeto a la diversidad.
Este capital simbólico ha tenido impactos económicos tangibles. La marca país de Costa Rica se asocia con la paz, la naturaleza y la democracia, lo que atrae turistas, inversionistas y organizaciones internacionales. El turismo ecológico y de bienestar encuentra un terreno fértil en un territorio que se percibe seguro y estable. Además, la reputación pacifista ha permitido a Costa Rica posicionarse como mediador en conflictos regionales y como sede de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este rol diplomático fortalece su influencia en la agenda regional e internacional y constituye una forma de poder blando que complementa su estrategia de seguridad.
La cultura de paz también se traduce en políticas de desarme y en la promoción de una sociedad civil organizada. Las campañas de desarme civil, la prohibición de portación de armas automáticas y la regulación estricta de la policía buscan minimizar la violencia armada. Al mismo tiempo, la educación para la paz forma parte de los planes de estudio en escuelas y universidades, fomentando el diálogo, la resolución no violenta de conflictos y la tolerancia. La identidad nacional, por tanto, se nutre de un compromiso activo con la paz que trasciende la ausencia de ejército y permea todos los sectores sociales.
Perspectivas futuras e investigación adicional
Aunque este artículo ofrece un panorama amplio sobre la abolición del ejército en Costa Rica y su potencial replicabilidad, aún existen numerosas áreas que requieren investigación. Una línea de estudio prometedora consiste en analizar cómo la seguridad digital y las amenazas híbridas como la ciberdelincuencia, la desinformación y los ciberataques; pueden abordarse en un país sin ejército. Costa Rica sufrió en 2022 un ataque cibernético que afectó sus servicios públicos; ello pone de relieve la necesidad de fortalecer las capacidades de ciberseguridad desde organismos civiles y de explorar acuerdos internacionales en esta materia.
Otra área de investigación se relaciona con el enfoque de género en la desmilitarización. La literatura de estudios de paz sugiere que la militarización reproduce jerarquías de género y que la inversión en servicios sociales beneficia desproporcionadamente a mujeres y niñas. Estudiar cómo la eliminación del ejército influye en la igualdad de género, la participación política de las mujeres y la prevención de la violencia doméstica podría ampliar la comprensión del dividendo de la paz. De igual manera, la intersección entre desmilitarización y derechos de los pueblos indígenas merece atención, especialmente en un país con diversas comunidades originarias.
Desde la perspectiva comparada, conviene ampliar la muestra de países analizados. Estados como Liechtenstein, Andorra, Granada, Kiribati o las Islas Marshall tienen peculiaridades históricas y geográficas que pueden enriquecer el debate sobre las distintas trayectorias hacia la desmilitarización. La incorporación de casos de África y Asia, donde algunos territorios dependen de acuerdos con potencias coloniales o de organizaciones regionales, permitiría identificar factores globales y regionales que facilitan o dificultan la eliminación de ejércitos.
Finalmente, el futuro de la investigación debería explorar la relación entre desmilitarización y tecnologías emergentes. Por ejemplo, ¿cómo pueden países sin ejército aprovechar la inteligencia artificial, la robótica o la vigilancia satelital para proteger su soberanía sin militarizarse? ¿Qué implicaciones tienen las armas autónomas para las políticas de desarme y para la seguridad humana? Estas preguntas adquieren relevancia a medida que la transformación digital redefine los conceptos tradicionales de seguridad y defensa.
Simulación de replicabilidad: el caso de Pacífica
Para ilustrar cómo podría aplicarse la desmilitarización en otro contexto, se presenta la simulación de un país ficticio llamado Pacífica. Pacífica es un Estado insular con 4 millones de habitantes cuya economía depende del turismo y la pesca. Su presupuesto militar equivale al 3 % del PIB y enfrenta amenazas como desastres naturales y tensiones marítimas con un vecino. El proceso de desmilitarización propuesto incluye: un diagnóstico inicial que identifica las principales amenazas (vulnerabilidad climática y degradación ambiental); un diálogo nacional con participación de las fuerzas armadas, partidos políticos, sociedad civil y sector privado; reformas constitucionales para crear un Ministerio de Seguridad Humana encargado de coordinar la policía, los servicios de emergencia y una fuerza de protección civil; acuerdos de defensa con aliados regionales y organismos internacionales; y la redistribución del presupuesto militar a infraestructura resiliente, educación en ciencia y tecnología, salud universal y energías renovables. La simulación muestra que la replicabilidad del modelo costarricense requiere adaptarlo a la realidad geopolítica y socioeconómica de cada país, priorizando la seguridad humana y la sostenibilidad.
Limitaciones del estudio
El análisis se basa en datos disponibles públicamente y en literatura académica. Una limitación importante es la escasez de estadísticas comparables para todos los países desmilitarizados. Por ejemplo, en el caso de Panamá, los datos de gasto en educación y salud se expresan como porcentaje del gasto público y no del PIB (Bertelsmann Stiftung, 2024), lo que dificulta la comparación directa con Costa Rica e Islandia. Asimismo, algunas cifras pueden variar con el tiempo y los datos más recientes podrían modificar los resultados. Otras limitaciones incluyen la selección de un número reducido de países de comparación y la imposibilidad de aplicar métodos econométricos avanzados por falta de series temporales consistentes.
Conclusiones
La abolición del ejército en Costa Rica constituye un experimento histórico exitoso de construcción de seguridad y desarrollo a partir de la desmilitarización. Setenta y cinco años después, el país se mantiene como una democracia estable, con indicadores de desarrollo humano superiores a los de sus vecinos y con una política exterior activa en favor de la paz. El análisis demuestra que la ausencia de ejército no es suficiente para garantizar el bienestar; es indispensable acompañarla de instituciones democráticas fuertes, inversiones sociales sostenidas y arreglos de seguridad adecuados. Países como Panamá e Islandia confirman que existen múltiples rutas hacia la desmilitarización, pero también que las debilidades institucionales o la dependencia de alianzas militares pueden limitar los beneficios del dividendo de la paz. Estas primeras conclusiones muestran la coherencia interna de la investigación: cada sección como el marco teórico, génesis histórica, arquitectura institucional, análisis comparado y hoja de ruta; converge en la idea de que la desmilitarización es viable cuando se conjugan democracia, desarrollo humano y cooperación internacional.
Desde la perspectiva de la relevancia social, la experiencia costarricense evidencia la importancia de una política pública que prioriza a las personas. La abolición del ejército no fue un fin en sí mismo, sino un medio para reorientar recursos hacia la educación, la salud y la protección ambiental. Este artículo ha ilustrado cómo esas políticas transformaron la estructura socioeconómica del país y contribuyeron a reducir la desigualdad, ampliar las oportunidades y consolidar una cultura de paz. El modelo costarricense demuestra que un enfoque de seguridad centrado en los individuos tiene repercusiones concretas en la vida de la población y constituye un aporte valioso para los debates contemporáneos sobre el gasto militar y la justicia social.
Asimismo, el trabajo contribuye a la actualización conceptual al articular el concepto de seguridad humana con las discusiones más recientes sobre el dividendo de la paz y la gobernanza global. A lo largo del texto se emplean referentes disciplinarios vigentes, como los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los análisis del Instituto de Estudios para el Futuro, y se integran perspectivas de estudios de paz, relaciones internacionales y economía política. Esta combinación interdisciplinar permite replantear los paradigmas tradicionales de seguridad y demostrar que la desmilitarización puede ser un instrumento moderno de desarrollo sostenible. En tiempos de pandemias, crisis climática y riesgos cibernéticos, la relectura de estos conceptos se vuelve indispensable para diseñar políticas públicas pertinentes.
En cuanto a la adecuación temática, la investigación mantiene un abordaje estricto del tema elegido: explorar la abolición del ejército en Costa Rica y proponer una hoja de ruta replicable para otras naciones. Se evita la dispersión hacia temas ajenos, concentrando el análisis en los factores internos y externos que hacen posible la desmilitarización. El estudio comparado con Panamá e Islandia sirve de apoyo para contextualizar la discusión sin desviar la atención del eje central. La claridad en la delimitación temática facilita la comprensión del lector y refuerza el hilo argumental del trabajo.
El artículo también pone de relieve la rigurosidad metodológica y analítica. Se basa en una reflexión profunda, formal y bien dirigida; combina la revisión bibliográfica con datos cuantitativos sobre gasto público, indicadores de desarrollo humano y marcos legales. La inclusión de tablas comparativas y la simulación de un país ficticio permiten testear la hoja de ruta y demostrar su aplicabilidad. Cada afirmación se sustenta con fuentes académicas actualizadas y oficiales, lo que evidencia un estudio ordenado y un análisis exhaustivo del tema.
En materia de vigencia bibliográfica, el trabajo se apoya en un cuerpo de referencias sólido, reconocido y reciente. Se consultaron informes internacionales de 2024 y 2025, artículos académicos publicados en la última década y documentos históricos esenciales. Esta diversidad de fuentes asegura que los argumentos estén al día con el estado actual del conocimiento y evita basarse únicamente en literatura obsoleta. Al mismo tiempo, se recuperan textos clásicos para ofrecer una perspectiva histórica que enriquece la comprensión del fenómeno.
Además de compendiar y analizar información existente, el artículo propone un marco replicable que detalla las etapas necesarias para abolir un ejército y construir sistemas de seguridad alternativos. Esta hoja de ruta, junto con la simulación en un país hipotético, constituye un aporte innovador que podría servir de guía a formuladores de políticas y académicos interesados en la desmilitarización. Asimismo, se plantean nuevas líneas de investigación sobre ciberseguridad, igualdad de género y desmilitarización en contextos de cambio climático, lo que abre caminos para futuros estudios. Las opiniones expresadas buscan promover un debate informado y plural sobre la paz y la seguridad. El estudio reafirma que la desmilitarización no es una quimera, sino un proyecto ético y político que puede contribuir a un orden mundial más justo y humano.
En síntesis, las conclusiones amplían el horizonte de la investigación y confirman que la experiencia costarricense no solo es viable, sino replicable y pertinente para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La abolición del ejército constituye una oportunidad para repensar las prioridades de los Estados, fortalecer la democracia, proteger el medio ambiente y construir una paz que vaya más allá de la ausencia de guerra. Invitar a otros países a considerar este modelo implica reconocer la diversidad de contextos, fomentar el diálogo y trabajar por un futuro en el que la seguridad se define por el bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta.
Epílogo: hacia una paz integral
La historia de Costa Rica nos recuerda que la paz no es una condición estática, sino un proceso continuo de construcción social e institucional. La abolición del ejército simboliza un punto de partida y no un punto de llegada. En el epílogo de esta investigación resulta pertinente reflexionar sobre cómo este modelo puede contribuir a una paz integral que abarque todas las dimensiones de la vida humana. Una paz integral implica no solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia social, igualdad de oportunidades y respeto por el medio ambiente. Significa vivir en una sociedad en la que los conflictos se resuelven mediante el diálogo, la ley y la solidaridad, y en la que el poder se ejerce con responsabilidad y transparencia.
En este sentido, la experiencia costarricense revela la importancia de articular las políticas de desarme con agendas de desarrollo inclusivo. El dividendo de la paz no se agota en la redistribución presupuestaria; se potencia cuando los recursos liberados son invertidos en programas que atienden las necesidades de los grupos históricamente marginados: mujeres, pueblos indígenas, comunidades rurales y jóvenes. Una paz integral exige que la igualdad de género, la justicia étnica y la equidad territorial sean objetivos explícitos de las políticas públicas. Así, la abolición del ejército se convierte en un catalizador de transformaciones más profundas que promueven una ciudadanía más participativa y consciente de sus derechos y deberes.
Otra dimensión clave de la paz integral es la relación con la naturaleza. Costa Rica ha demostrado que la protección de los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas es compatible con el crecimiento económico y puede generar ingresos a través del ecoturismo, la bioprospección y la producción agrícola sostenible. La transición hacia una economía descarbonizada y resiliente es coherente con un modelo de seguridad basado en la prevención y en la gestión de riesgos ambientales. En un mundo marcado por el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, la desmilitarización ofrece una oportunidad para canalizar recursos hacia la adaptación climática, la agricultura regenerativa y las energías renovables. De esta forma, la paz integral se entrelaza con la sostenibilidad y refuerza la idea de que la supervivencia de la humanidad depende de su capacidad para vivir en armonía con la Tierra.
La cuarta revolución industrial plantea tanto desafíos como oportunidades para los Estados sin ejército. La inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas y la biotecnología están redefiniendo la producción, el trabajo y la seguridad. Una paz integral requiere que estas tecnologías se orienten hacia el bien común y no hacia la dominación o la vigilancia indebida. Para los países desmilitarizados, esto significa desarrollar capacidades civiles en ciberseguridad, protección de datos y gobernanza digital. La colaboración con universidades, centros de innovación y empresas tecnológicas puede permitir que las naciones sin ejército no solo se defiendan de ciberataques, sino que también aprovechen la cuarta revolución industrial para mejorar la educación, la salud y la participación democrática.
Asimismo, la paz integral no puede obviar el papel de la memoria y la reconciliación. Muchos países que mantienen ejércitos han vivido conflictos internos traumáticos que dejaron heridas profundas en la sociedad. La desmilitarización puede ser una oportunidad para sanar esas heridas mediante procesos de verdad, justicia y reparación. La experiencia de Costa Rica, que convirtió antiguos cuarteles en museos y espacios culturales, muestra cómo los símbolos de la violencia pueden resignificar y servir como recordatorios de un compromiso permanente con la paz. Un epílogo que mire hacia una paz integral debe incorporar las voces de las víctimas y los sobrevivientes de la violencia para construir una narrativa inclusiva y orientada a la no repetición.
Finalmente, construir una paz integral exige una perspectiva global. La desmilitarización de un solo país tiene efectos limitados si no se inserta en una corriente internacional que promueve el desarme, la cooperación y la gobernanza global. Organismos como las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los tratados de control de armas tienen un papel importante en la consolidación de un orden mundial sin guerras. Sin embargo, la voluntad política de los Estados, el activismo de la sociedad civil y la presión de la opinión pública son igualmente indispensables. Ahora corresponde al resto de la comunidad internacional avanzar hacia un futuro en el que la paz sea integral, inclusiva y sostenible. Costa Rica ha demostrado que es posible liderar y vivir en paz por eso: Somos ejemplo.
Referencias
Bertelsmann Stiftung (2024). Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) 2024: Panama Country Report. Bertelsmann Transformation Index.
Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA) (2016). Costa Rica’s Abolition of the Army: A Model for Peace.
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1 Artículo ganador del primer lugar II Concurso Acádemico 50 aniversario UACA
* Estudiante de Bachillerato en Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma de Centro América. San José, Costa Rica. Correo electrónico: merayoallan@gmail.com